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Cirugía mayor a la Declaración de Salud ante las Isapres

Marzo 11, 2021 13


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En Chile, los adultos mayores de 60 años conformaron un 15 % de la población total en 2015 y las proyecciones son que se duplicará al año 2050, hecho que exige un urgente replanteamiento de las políticas públicas, como se ha concluido en estudios académicos (Leiva et al., 2020). Actualmente, las personas mayores de 65 años representamos una cifra de cerca del 11 % en el país (CENDHY), cuando uno podría pensar en jubilarse.

Llegar a esta etapa de la existencia implica cambios de vida en diversos sentidos, con balances positivos o negativos, según se analice en cada caso personal o familiar. Lo que es relevante de analizar en este balance es el grado en que el Estado y el sistema vigente de salud en el país, así como el de pensiones, permiten tomar las mejores opciones como personas y familias para mantener o mejorar su calidad de vida.

Estudios académicos han mostrado que tales opciones están altamente restringidas en el caso de los adultos mayores, dado que el sistema vigente de salud privada (Isapres) discrimina arbitrariamente a este grupo etario, así como a otros grupos, toda vez que la obligada Declaración de Salud se completa con total y absoluta honestidad respecto de la preexistencia de enfermedades. La declaración de preexistencia de una enfermedad, inmediatamente representa “un alto riesgo para la compañía” y conlleva un rechazo de afiliación. A primera vista, esto es inmoral e injusto, además de ser altamente discriminatorio.

Este caso se repite, como lo he constatado al analizar mis opciones de seguridad en salud a mis 65 años. Los adultos mayores no merecemos este trato discriminatorio que obliga a permanecer en la misma Isapre o irse obligadamente a Fonasa. A una semana de haber recibido la noticia de rechazo de afiliación a una Isapre, quiero compartir esta experiencia porque, en el procesamiento de esta decisión absolutamente inconstitucional del libre e igualitario acceso a la protección de la salud (Artículo 19, Nº9), quedé aún más preocupada al darme cuenta que en realidad estamos en el terreno de la violencia estructural colectiva hacia adultos mayores en Chile.

Es parte de la naturaleza que los organismos vivos tengamos un desgaste sistémico que promueve el desarrollo de enfermedades crónicas. En Chile, los adultos mayores presentan una a dos de estas enfermedades, entre las cuales prevalece la hipertensión arterial. Ella representa una alta vulnerabilidad en mayores de 65 años (70-80 % en 2020). Además, la edad y la presencia de enfermedades crónicas aumentan el riesgo de gravedad por COVID-19 y, con ello, una posible hospitalización. Sin embargo, estimaciones de hospitalización (no desagregadas) indican que menos del 10 % de los casos confirmados requiere hospitalización, siendo la hipertensión arterial la comorbilidad de mayor ocurrencia en ellos, así como en los no-hospitalizados (33 y 11 %, respectivamente).

En principio, una persona hipertensa contagiada con COVID-19 tendría 3 veces más riesgo de ser hospitalizada que una sin hipertensión y 9 veces más si tiene una enfermedad hepática crónica, según estimados en la Universidad de Chile (Mauricio Fuentes, Escuela de Salud Pública). Se puede presumir que la preexistencia de hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas en adulto mayor, junto con la actual pandemia por COVID-19, efectivamente representan un alto riesgo económico para las Isapres. Bajo este prisma, el sistema de salud privado es un negocio redondo a costa de una práctica perversa hacia los adultos mayores, dejándolos sin opción de afiliarse o cambiarse de plan o Isapre en su “vejez”.

Hace ya 10 años que diferentes actores del Estado (incluido el Presidente Sebastián Piñera: Programa de Salud 2018-2022 MINSAL 2018, y propuestas de proyectos de ley pendientes en el Congreso, por ejemplo, Boletines Nº 8105-11 de 2011 y Nº 11572-11 de 2018) y de la academia (por ejemplo, el Observatorio Legislativo del Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2019), han analizado el sistema de salud en Chile y han propuesto la necesidad de realizar una “cirugía mayor”, incluyendo específicamente el tema de las llamadas preexistencias de enfermedades crónicas que las Isapres utilizan como argumento de rechazo de afiliación, cuando obligan a las personas solicitantes a completar la Declaración de Salud y ellas las completan con total honestidad si tienen preexistencias.

Si se considera que cerca de 11 millones de personas en el país tienen alguna enfermedad crónica y el 75 % de ellas presenta multimorbilidad, que aumenta con la edad, y que el sistema de salud nacional (público y privado) tendría actualmente una capacidad de atender solo a una tercera parte de las personas con tales enfermedades, claramente como negocio se permite rechazar a quienes presentan mayores riesgos (Telléz et al., 2019, Concurso Políticas Públicas, Propuestas para Chile, PUC). Ello, más el alto costo relativo de cualquier plan de salud de Isapres (base de 100 mil pesos hoy), deriva en que el 78 % de la población se atiende o deba obligadamente atenderse en el sector público (Fonasa), a pesar del desfinanciamiento y de las limitaciones en respuesta a las demandas existentes (V. Iglesias, 2020, Palabra Pública, U. de Chile; Observatorio legislativo del Centro de Políticas Públicas de la PUC, 2019). Más aún, los seguros complementarios de salud, en su mayoría, tienen un límite de ingreso de menos de 65 años.

En su rol de garante del acceso a la salud a toda la población, junto con los derechos constitucionales vigentes, es el Estado el que debe exigir que el sistema de salud privado ponga fin a la Declaración de Salud sobre preexistencia de enfermedades crónicas como requisito de afiliación y eliminar la discriminación por edad. No concretar tal cirugía mayor con la urgencia debida, conlleva una prolongación de violencia estructural de parte del Estado en esta materia y, con ello, se pone en alto riesgo la paz social y la calidad de vida de todos los habitantes (Jiménez et al., 2020, CIPER Académico; V. Iglesias Palabra Pública, U. de Chile; Leiva et al., 2020).

Esto se liga a que recientemente la Corte Suprema de Chile ha emitido un fallo contundente sobre el rechazo a la afiliación de una persona con una preexistencia, honestamente incluida en la Declaración de Salud de una de las Isapres. Este fallo indica que tal empresa “vulnera la ley al fundar su negativa a celebrar el contrato de salud con la actora, sobre la base de una enfermedad preexistente, pues la normativa que regula este contrato no la faculta a desestimarlo por ello” y razona que la empresa privó a la recurrente de ejercer su legítimo derecho constitucional a elegir libremente el sistema de salud.

Este caso se repite, como lo he constatado al analizar mis opciones de seguridad en salud a mis 65 años. Los adultos mayores no merecemos este trato discriminatorio que obliga a permanecer en la misma Isapre o irse obligadamente a Fonasa. A una semana de haber recibido la noticia de rechazo de afiliación a una Isapre, quiero compartir esta experiencia porque, en el procesamiento de esta decisión absolutamente inconstitucional del libre e igualitario acceso a la protección de la salud (Artículo 19, Nº9), quedé aún más preocupada al darme cuenta que en realidad estamos en el terreno de la violencia estructural colectiva hacia adultos mayores en Chile.

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