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Contraloría vuelve a cuestionar la gestión de la dupla Mañalich Zuñiga: determina que el Minsal deberá pagar $464 millones menos a Espacio Riesco

Marzo 11, 2021 2


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Centro de Convenciones Santiago S.A. más conocido como Espacio Riesco, y en el contexto de la pandemia, menos conocido como Centro Hospitalario Huechuraba, recibirá desde el Ministerio de Salud $1.627 millones según la resolución más reciente de la Contraloría General de la República, que se pronunció sobre un contrato entre la empresa y el Servicio de Salud Metropolitano Norte que inicialmente ascendía a $2.091 millones.

Sin embargo la Contraloría resolvió que el SSMN deberá pagar $464 millones menos, después que el organismo de control determinara que solo debían pagarse las prestaciones efectivamente prestadas por la empresa y que la propuesta de precios fue elaborada en septiembre de 2020, es decir mucho después de marzo, la fecha en que el recinto empezó a funcionar con el fin de descongestionar los centros asistenciales tradicionales.

El asunto de Espacio Riesco fue uno de los puntos más controvertidos de la gestión del ingeniero comercial Arturo Zuñiga, como subsecretario de Redes Asistenciales, mayoritariamente durante la gestión de Jaime Mañalich al frente del Minsal. Primero se cuestionó el monto y la elección de ese reciento en específico. Después, el cuestionamiento se transformó en sospecha cuando la Contraloría declaró ilegal el contrato por más de 2 mil millones y el Servicio de Salud Metropolitano Norte,  debió explicar concretamente las prestaciones que se pagaron. Es en relación a este nuevo cálculo que la Contraloría toma razón en el informe de dos páginas difundido hoy.

La resolución vuelve a poner sobre la mesa la gestión de Arturo Zuñiga, que dejó el Minsal en noviembre del año pasado y hoy compite como candidato a la Convención Constituyente por el distrito 9 en un cupo de la UDI. Ya en febrero de este año la Contraloría publicó su examen al esquema de residencias sanitarias gestionado por la repartición que encabezaba Zuñiga. En ese rastreo, la Contraloría determinó que al menos hasta junio de 2020 nunca hubo claridad sobre la capacidad disponible en las residencias sanitarias. El informe a este respecto, consignó que “de las entrevistas y documentación analizada se advirtió que existieron confusiones sobre si la disponibilidad era de camas o habitaciones por residencias sanitarias, así como también no siempre había cabal conocimiento de los cupos libres. Los antecedentes, referidos a la cantidad de camas por región, residencias y disponibilidad eran manejados de manera manual por la SRA o mediante planillas en formato Excel, lo que no otorgaba seguridad sobre la completitud, integridad y preservación de los antecedentes  e información”.

Además la misma indagatoria de febrero determinó que el Minsal contrató a un hotel vinculado a Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria del Minsal. Además que dentro de ese hotel se incluyeron huéspedes fantasma. «De los 94 huéspedes extranjeros  individualizados, en el listado se pudo verificar, con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile, que en 56 casos los registros de la institución daban cuenta de que las personas informadas habían abandonado el país antes del período en el cual habrían hecho uso de las instalaciones del Hotel Clínico SpA”, determinó la investigación publicada en febrero

Zuñiga en ese momento se defendió bajando el perfil a los resultados de la investigación, asegurando que “lo que la Contraloría hace es cuestionar procedimientos administrativos, que hubiera más procesos de control para evitar posibles cuestionamientos”. Además afirmó que «tenemos que contextualizar que estamos en una pandemia, no hubo tiempo para realizar unas bases que fueran iguales para todos» y por último se quejó de una «actitud mezquina» de las personas que relevaron la importancia del informe, ya que con eso ponían en duda el trabajo de 160 mil personas en la subsecretaría.

De todas maneras, el ejemplo de la gestión en salud fue puesto por los parlamentarios y otros actores sociales que cuestionaron la prórroga del Estado de Excepción, al exigir menos medidas administrativas y así abrir el camino para prácticas que deslindan con la corrupción.

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