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Decálogo constitucional para el buen vivir en Chile

Noviembre 25, 2020 6


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Frente a las trampas de la Constitución de 1980, que establece garantías sociales y ambientales, así como la potestad pública sobre el agua y el subsuelo, pero no son practicadas como la declaración de Estado descentralizado (en sintonía con la retórica prevaleciente en América Latina), nos permitimos proponer los diez artículos claves que ayudarían estructuralmente a los tres desafíos de Chile en su momento constitucional para superar el neoliberalismo, el centralismo y el extractivismo: 1) equidad social con austeridad y fin de privilegios; 2) desarrollo territorial participativo corresponsable; y 3) sustentabilidad y economía verde diversificada.

La experiencia práctica de transformaciones en Chile por la vía de “matemática de transformación”, de la que fuimos protagonistas –royalty minero para aumentar gasto en I+D, exigencia de ERNC a distribuidoras, casinos regionales y compensación por Transantiago–, nos hace proponer guarismos draconianos, que obliguen a que las leyes no sean “muertas” como ocurrió en 1925, que estableció la asamblea provincial y nunca la reglamentaron; el traspaso de competencias a regiones que omitió Piñera en este, su segundo mandato; la nunca cumplida promesa de una reforma de pensiones, entre otras, así como la irresponsabilidad de municipios que no tienen rellenos sanitarios ni hacen funcionar sus consejos de la sociedad civil en total impunidad.

Sistema previsional igualitario con inversión territorial. La federación tendrá un sistema previsional solidario en que hombres y mujeres, civiles y uniformados, jubilen a la misma edad, con la sola excepción de las personas afectadas por graves razones de salud. Dicho sistema será administrado por un consejo de expertos, aprobado por el Congreso de la federación, el que velará por que las inversiones del sistema se prioricen en al menos un 50% en proyectos y fondos de inversión, para la diversificación económica de los territorios, con la debida rentabilidad y sustentabilidad ambiental.

A diferencia del constitucionalismo anglosajón abierto de textos breves y genéricos, para que la ley después precise o la jurisprudencia de la Corte Suprema (el propio EE.UU. declaró a los hombres iguales, siguió con la esclavitud hasta 1865 y con la segregación hasta la década de 1960), para América Latina oligárquica, corrupta, violenta, desigual y depredadora se requieren Constituciones breves, con numérica de la transformación obligatoria.

Los 20 países más desarrollados e igualitarios son de parlamentaristas, donde partidos pactan agendas y la mayoría –grandes o pequeños– federalistas, con fondos de convergencia estructural y obligaciones mutuas, lo que no ocurre en los latinoamericanos, ni tampoco en el unitarismo chileno que concentró la población en Santiago, los altos servicios en el barrio alto, la evasión tributaria privada, los privilegios militares y altas gerencias públicas, la desigualdad territorial demencial con diferencias de 1 a 15 en los ingresos municipales per cápita, entre otras aberraciones.

Lo siguiente es un decálogo de matemática federal corresponsable para el buen vivir en Chile, que obligue a la transformación en el presente, evitando las manipulaciones del futuro:

1.- Estado Federal Ecosolidario. Chile es una democracia fraterna, federal, parlamentaria, plurinacional y cosmocéntrica, donde la soberanía recae en sus comunidades locales, regiones, autonomías indígenas y otras formas asociativas y de autogobierno, con un gobierno federal que no podrá exceder el 50% del gasto público en sus tareas de protección de los derechos humanos y ambientales, solidaridad estructural para la garantías sociales, sistema de seguridad y justicia, vías estructurantes de movilidad integral, así como el fondo de convergencia de equidad territorial y protección ambiental.

2.- Tributación justa sobre la base de renta y equidad territorial. El sistema tributario integral de los distintos niveles de gobierno recaudará, al menos, un tercio del Producto Interno Bruto sobre la base principal de 75% de impuestos a la renta de las grandes empresas, fortunas y royalties por recursos naturales, que se coparticipan entre los distintos niveles de gobierno, asegurando que la diferencia de recursos para cumplir competencias y obligaciones no sea menor a un 80% del promedio de la federación en ningún territorio.

3.- Congresos unicamerales con integración plurinacional y la elección del gobernante. Los distintos niveles de gobiernos tendrán congresos unicamerales, siendo de 150 miembros el de la federación, entre 15 y 30 los regionales y municipales, y plenamente autónomos los de la región autónoma plurinacional del Wallamapu, de Rapa Nui, Territorio Aymara y otros pueblos/naciones. Los congresos regionales asegurarán un 10% de participación al menos a representantes de sus pueblos/naciones originarias y en el Wallmapu será de al menos 40%. Los respectivos Presidentes de la República, gobernadores(as) y alcaldesas(es) serán electos por dichos congresos que, en caso de triple ausencia de mayoría absoluta de sus miembros, podrán tener mandato de cuatro años con el 40% de los mismos.

4.- Moderación salarial. La federación chilena tiene como principio la moderación salarial que permita el buen vivir, la solidaridad estructural y una sociedad sin castas económicas y políticas. En toda organización, institución y empresa pública y privada la diferencia salarial máxima será de un dígito (9). La participación en los diversos congresos no podrá exceder 6 salarios mínimos en el nacional, 4 en los regionales y autonomías indígenas, dos en los municipales, pudiendo existir municipios de zonas despobladas con concejos ad honorem.

5.- Sistema de educación gratuito con participación intergubernamental. La federación chilena se basa en un sistema de educación gratuito de calidad, donde los gobiernos territoriales –regiones, comunas, autoridades indígenas– participan con al menos un tercio de los integrantes de los directorios de los servicios locales de educación y de las universidades públicas, contribuyendo a contenidos pertinentes al territorio, logística y sistemas extraescolares de apoyo a todo el proceso, incluyendo espacios de encuentro y planificación corresponsable con el sistema escolar que recibe subvención pública.

6.- Sistema integrado y solidario de salud federal/territorial. Todas y todos los chilenos y chilenas aportarán el 8% de sus ingresos salariales a un sistema integrado y solidario de salud, que asegurará prestaciones universales, fármacos y asistencia integral con pluralidad de terapias, siendo flexible en los proveedores (públicos, privados, fundaciones) debidamente acreditados por la agencia mixta nacional-regional.

7.- Sistema previsional igualitario con inversión territorial. La federación tendrá un sistema previsional solidario en que hombres y mujeres, civiles y uniformados, jubilan a la misma edad, con la sola excepción de las personas afectadas por graves razones de salud. Dicho sistema será administrado por un consejo de expertos, aprobado por el Congreso de la federación, que velará por que las inversiones del sistema se prioricen en al menos un 50% en proyectos y fondos de inversión, para la diversificación económica de los territorios, con la debida rentabilidad y sustentabilidad ambiental.

8.- Participación social territorial en lo normativo, judicial y policial. Los gobiernos subnacionales tendrán potestades legislativas sobre la base del pluralismo jurídico, con plena garantía a las convenciones internacionales de derechos humanos y medio ambiente. Del mismo modo, podrán crear sistemas de policías locales, guardaparques y otras que estimen para la adecuada convivencia. Tendrán representación de al menos la mitad de los integrantes de consejos de todo el sistema penitenciario, de protección de la infancia y cuidado de las personas. Junto a las elecciones subnacionales, elegirán al fiscal regional de una quina elaborada tras concurso público por la Corte de Apelaciones respectiva y al encargado del consejo comunal de seguridad, que será el supervisor ciudadano de policías.

9.- Participación sindical y territorial en empresas. La sindicalización será obligatoria en toda empresa, colegio y organización con más de 10 personas, incluyendo los sindicatos de trabajadoras(es) temporales en el sector agrícola, así como uniformados que contarán con asociaciones. En todo directorio de empresa privada existirá, al menos, un director del sindicato y un representante del territorio donde se concentra la acción de la misma. En las empresas públicas en los territorios, al menos la mitad del directorio será electo por las autoridades subnacionales.

10.- Democracia directa, límites al poder y revocatoria. En las elecciones de los tres niveles de gobierno, se podrán hacer preguntas para temas relevantes a resolver a nivel federal, regional, municipal y de autoridades indígenas. Con el 10% de las firmas acreditadas, podrán llamar por una vez y tras un año de mandato, al menos, a un plebiscito revocatorio de autoridades. Nadie podrá ser reelegido más de una vez en igual cargo y territorio.

11.- País cosmocéntrico con cuidado ambiental, economía verde y creativa. La federación chilena reconoce los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza, por lo cual cuenta en cada región con una Defensoría de los Animales y la Naturaleza. Al menos un tercio del territorio, cuerpos de agua y borde costero de cada región será área de protección ambiental y cada territorio tendrá autonomía para declarar zonas de biodiversidad protegida. Será obligatorio el sistema de evaluación ambiental a todo proyecto de inversión sobre 10 mil UF, incluyendo la agricultura. Las regiones podrán, con su Plan de Ordenamiento Territorial, poner condiciones, regulaciones y prohibiciones a ciertas actividades y monocultivos. Cada territorio reciclará al menos el 50% de sus residuos, tendrá un tercio de su matriz de energía desde ERNC y asegurará a cada habitante 10 metros cuadrados de infraestructura verde y recreativa. Igualmente, cada nivel de gobierno y empresa destinará, al menos, el 3% de su presupuesto a fomento de Investigación y Desarrollo, industrias creativas y economía verde.

12.- Autoridad Regional de Cuencas y Aguas. Los gobiernos regionales, junto al Ministerio del Medio Ambiente, estarán a cargo de las Autoridades Regionales de Cuencas y Aguas (AREGUAC), que tendrá un directorio tripartito conformado por entes públicos (municipios, ministerios, gobierno regional, autonomías indígenas), privados (juntas de vigilancia, APRs, pequeña agricultura) y sociedad civil (grupos ambientales, COSOCs, grupos de consumidores, universidades). Cada AREGUAC hará el plan de cuencas y acuíferos, pondrá los límites a monocultivos, las acciones de conservación y restauración, y dirimirá derechos de uso en situaciones de sequía y urgencias.

13.- Territorios fraternos, paritarios y amables. La federación chilena se funda en el respeto mutuo y la integración igualitaria, por lo que en todos sus directorios asegurará al menos el 40% de participación de género, igual pago por igual trabajo e incluirá programas activos de integración de migrantes y el 1% de todos sus presupuestos para cooperación interna e internacional.

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