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Dunas de corrupción: el santuario de la naturaleza de Concón que sigue bajo amenaza por las zonas grises de la política

Abril 14, 2021 5


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El conjunto de dunas estables, que datan del periodo Cuaternario que se inicia hace 2, 6 millones de años, se ubican en una terraza marina entre la comuna de Concón y la localidad de Reñaca y hace más de 40 años que corre peligro por la expansión inmobiliaria. En estas últimas décadas se ha logrado proteger dos áreas, mediante la declaración de Santuarios de la Naturaleza: los sectores de Concón y de Viña del Mar, separados entre sí por una franja de terreno de suelo urbano.

Tras una serie de litigios iniciados por la comunidad contra la Sociedad Urbanizadora Reñaca-Concón (Reconsa), propietaria del paño de terrenos que quedó extrañamente liberado del estatus de protección, pese a formar parte del mismo ecosistema dunar, finalmente la Corte Suprema ordenó paralizar el proyecto inmobiliario Reconsa, que se encontraba en pleno desarrollo y con un avance del 90 %. Asimismo, se le conminó a ingresar el proyecto de loteo y urbanización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De forma paralela, el año pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió formular cargos a Reconsa por diversos incumplimientos en materia ambiental, por cuanto se encontraría ejecutando, al margen del SEIA, un proyecto de urbanización y loteo en el área protegida Santuario de la Naturaleza 7 “Campo Dunar de la Punta de Concón” y que ha afectado a las dunas adyacentes.

Con estos procesos en curso, el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar solicitó al alcalde de Concón, Óscar Sumonte, invalidar el permiso de edificación que emitió el director de Obras Municipales, Julio Leigh, a fines de la década de los 90 y que permitió a la inmobiliaria iniciar el desarrollo de su proyecto, dado que las obras se encontraban fuera de las zonas protegidas. Mediante una resolución, Sumonte ordenó invalidar el permiso, pero como la sentencia de la Suprema que fundamenta la solicitud es contra la construcción y no contra el permiso que lo autorizó, el jefe de la Dirección de Obras Municipales (DOM) se negó a hacerlo, lo que le valió un sumario, al tiempo que la comunidad interpuso una querella criminal en su contra por denegación de servicio y abuso de particulares. En la querella, se solicitó un serie de diligencias, entre las que destaca revisar las cuentas corrientes del director de la DOM, del alcalde Sumonte y de los dueños de Reconsa, ante la presunción de delitos de corrupción. Diligencias que fueron acogidas en su totalidad por el fiscal de Viña del Mar, Pablo Bravo.

En esta parte, la causa –que desde un inicio estuvo transida de gestiones oficiosas y presiones provenientes del mundo político– vuelven a teñirse por las arenas grises de la política, tras revelarse por parte del director de la DOM que en esta maraña hubo presiones y conflictos de intereses evidentes, de los cuales la autoridades comunales hicieron vista gorda y que, finalmente, la responsabilidad en la destrucción de parte del campo dunar es política.

El origen político

La empresa propietaria de los terrenos del campo dunar fue fundada como Egeco (Empresa General de Construcción) por dos socios: Edmundo Pérez Zujovic y Francisco Soza Cousiño. El primero fue el asesinado ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva y el segundo uno de los fundadores de la Cámara Chilena de la Construcción y vicepresidente de Corfo en la dictadura de Pinochet. Los sucesores son sus respectivos hijos, el ex ministro Edmundo Pérez Yoma, quien participa en la sociedad Montemar a través de Constructora CEP (Constructora Edmundo Pérez), y Juan Ignacio Soza Donoso, quien es el gerente general de la firma.

Además de Pérez Yoma, quien durante 1993 había sido secretario ejecutivo de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también está ligado a la compañía otro ex ministro DC: Carlos Figueroa Serrano, quien fue subsecretario ejecutivo de la campaña del No en el plebiscito de octubre de 1988

Fue Soza Cousiño el que anticipó el desarrollo inmobiliario de la zona. En 1979 la constructora compró el paño de las dunas a la Caja de Empleados particulares en cómodas cuotas al Estado, las que no pagaron en plazo, acumulándose sendas multas que fueron condonadas. 

El 5 de agosto de 1993, el Ministerio de Educación encabezado por Jorge Arrate, junto al Presidente de la República de la época, Patricio Aylwin, por Decreto Supremo n.º 481, declararon Santuario de la Naturaleza 44 hectáreas, del Campo Dunar de la Punta de Concón. Este decreto jamás fue publicado en el Diario Oficial, por lo que en los hechos nunca entró en vigencia y la zona no fue protegida.

En marzo del año siguiente, dos días antes que Edmundo Pérez Yoma asumiera como ministro de Defensa, se resolvió otro decreto, el 106. La orden reduce el Santuario de la Naturaleza a 12 hectáreas. De ellas 9,7 hectáreas pertenecen a la Comuna de Concón, y 2, 3 hectáreas a la Comuna de Viña del Mar, quedando protegido solo el sector de la duna mayor. Ante la preocupación de la comunidad, en 2006 se amplió la protección a 21,8 hectáreas, de las cuales 2,3 corresponden a la comuna de Viña del Mar y 19,5 a la comuna de Concón. Entre suma y resta, sin embargo, quedaron 31 hectáreas de propiedad de Reconsa sin proteger.

La modificación al PRC que fue promulgado en 2006, no introdujo normas a esa zona identificada como H-7 y esa parte del campo dunar siguió sin límites de densidad ni de alturas, tal como regía con el PRC de Viña del Mar, por lo que permitió que se iniciaran las obras con la consecuente destrucción de las dunas.

La querella y el chivo expiatorio

El mayor y m´s reciente triunfo sobre la protección del campo dunar se dio luego que los magistrados de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Ángela Vivanco, determinaron de forma unánime que «es posible afirmar (…) que toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por ésta, debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental».

Con este fallo, y entendiendo que el permiso de edificación que emitió la Dirección de Obras Municipales era inválido y ante la negativa del jefe de la dirección Julio Leigh de acatar una instrucción del alcalde en el que le ordenaba emitir una nueva resolución DOM para invalidar el permiso de construcción, la comunidad a través del abogado Gabriel Muñoz presentó un querella contra Leigh y contra los que resulten responsables, solicitando al Ministerio Público que se cite a declarar al director de Obras Municipales, al alcalde de Concón y a Juan Ignacio Soza y a Felipe Soza, ex concejal de la comuna.

En simultáneo se ordenó oficiar a diversas instituciones bancaria con el fin de que remitan los números de cuenta y productos contratados con dicha institución, tales como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuenta vista, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. Ello, con el fin de poder establecer sus relaciones patrimoniales.

Ante esta querella la defensa de Leigh, decidió dar un golpe de timón y romper el silencio. El como subordinado -sostiene la abogada-  siempre se mantuvo en silencio, pero decidió romperlo para dejar en claro a la comunidad que el DOM solo se acata decisiones municipales que son siempre políticas.

Y es este punto que la defensa del director saca a relación que en el tiempo en que se decretaron ls nuevas zonas de protección y dejó libre de ese estatus a 31 hectáreas de propiedad de Reconsa, uno de los concejales era Felipe Soza, hermano del gerente general de la inmobiliaria, y uno de los que se oponía con vehemencia a la protección del santuario. «Aunque eran otros tiempos, es evidente que aquí había conflicto de intereses, y en el municipio no se hizo nada», sostiene Bruna.

La defensa de Leigh  -quien está a punto de jubilar-  asegura que el responsable de las autorizaciones fue finalmente el alcalde y que él es el chivo expiatorio de decisiones tomadas a la luz de consideraciones políticas. «Si hay delitos, estos están prescritos, pero es importante que se sepa la verdad sobre como se tomaron estas decisiones. No fue casual que las dunas quedaran desprotegidas», asevera Bruna

Para Gabriel Muñoz, abogado del Comité Prodefensa del Patrimonio, estás declaraciones podrían abrir un caja de Pandora par dar luces sobre la «relación espuria» entre el poder económico y las autoridades.

«Estamos convencidos que las declaraciones del director de Obras Municipales, en calidad de querellado en esta causa, son de tal gravedad que apuntan a la punta del iceberg de una madeja de casos de corrupción tan emblemáticos como el caso Penta y una relación espuria entre la inmobiliaria Reconsa, la dirección de obras y las más altas autoridades del Municipio».

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