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El desafío de alcanzar un nuevo pacto social intergeneracional: la cohesión social también se juega con las niñas, niños y adolescentes

Marzo 12, 2021 11


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Este 11 de marzo se cumplió el plazo para que el Estado de Chile informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de las niñas, los niños y adolescentes (NNA) en el país y dé cuenta de los avances obtenidos en los últimos seis años en relación con las recomendaciones efectuadas por dicho organismo en el marco de la supervisión de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño suscrita por Chile hace más de tres décadas. Una respuesta que en principio se podría presumir “auspiciosa”, viniendo coincidentemente de una administración cuya promesa de campaña tuvo especial énfasis en ellos: “Los niños primero”. Promesa que, sin embargo, al poco andar, se fue develando como un mero eslogan o estrategia comunicacional. En efecto y salvo algunas excepciones, este período no ha significado precisamente un avance sustantivo en el respeto, protección y deber de hacer cumplir los derechos de la niñez y la adolescencia.

Prueba de lo antedicho es el impulso dado –en medio de las manifestaciones de estudiantes secundarios y de episodios de violencia entre estudiantes y Carabineros– a la denominada Ley Aula Segura, cuyo mensaje contemplaba la obligación de los directores de establecimientos educacionales subvencionados de aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula a los estudiantes que incurrieran en alguna de las conductas calificadas por la misma ley como hechos que afectaban gravemente la convivencia escolar. Estudiantes a quienes asistía el derecho a recurrir de la medida una vez aplicada, sin poder suspender los efectos de la misma ni con la interposición de recurso alguno en su contra.

Dicha iniciativa fue, por cierto, objeto de reparo y posteriores modificaciones, tanto por su manifiesta inconstitucionalidad en relación con la garantía del debido proceso como por la desidia con la que se pretendía abordar las problemáticas planteadas por los estudiantes y la violencia en los centros educativos, ofreciendo una vez más una respuesta punitiva en vez de formativa, cuestión que ya había sido objetada por el mencionado Comité en el año 2015.

Igualmente ilustrativa resulta a estos efectos la respuesta del Estado de Chile al informe del Comité de los Derechos del Niño en el que se constatan violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los NNA en centros de residencia bajo control directo o indirecto del Sename, ocasión en la que, entre otras cosas, el Gobierno optó por aumentar la subvención a dichos centros sin alterar el sistema de financiamiento de los mismos, ignorando las recomendaciones en las que se rechazaba “el incentivo perverso” que aquel modelo genera a la internación prolongada de NNA, con la consecuente vulneración de derechos que ello implica.

Misma administración que luego vetó la iniciativa que supeditaba la entrada en vigencia del nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez a la aprobación del proyecto que crea un Sistema de Garantías de los Derechos de NNA –que a la fecha aún no es ley–, dilatando con ello la consagración de un marco jurídico general para el resguardo y garantías de los derechos de la niñez y, en definitiva, retrasando injustificadamente el cambio estructural que se demanda en el rol del Estado respecto de los derechos de los NNA.

En este ejercicio es perentorio subrayar el vergonzoso y elevado número de NNA víctimas del uso excesivo de la fuerza policial desde el estallido social a la fecha, casos que lamentablemente contemplan denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, lesiones y que en el año 2020 terminan con un niño de 16 años arrojado al río por agentes del Estado. Violencia de la que, desde luego, también han sido históricamente víctimas los niños indígenas, lo que recientemente alcanzó notoriedad pública con la detención arbitraria e ilegal de una niña de 7 años, hija del comunero mapuche asesinado en La Araucanía por las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado y que motivó la interposición de un recurso de amparo por parte de la Defensoría de la Niñez, que finalmente fue acogido por los Tribunales Superiores de Justicia.

Así, tampoco es posible soslayar la escandalosa suscripción de un convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia, en pleno estallido social, para la entrega de antecedentes personales de NNA bajo custodia estatal.

Por otra parte, debe sumarse a lo expuesto la falta de atención integral a la infancia durante la crisis sanitaria, sobre todo de la más vulnerabilizada.

Lo anterior, solo por citar algunos de los tristes célebres hitos de la situación de la niñez y adolescencia en Chile en los últimos años, incluso bajo la promesa de priorizar sus demandas y necesidades.

En este escenario y de cara a la construcción e implementación de un nuevo pacto social, los desafíos del próximo Gobierno en materia de derechos de NNA deben orientarse a la superación del modelo tutelar que los concibe como objeto de protección, sujetos pasivos, carentes y no como actores sociales y políticos. Labor que debiera sustentarse en el reconocimiento constitucional expreso de los NNA como sujetos de derecho y emprenderse desde un enfoque de género e interseccional. La infancia no es una realidad homogénea, por lo que es preciso abordarla desde sus diversas expresiones. Desde ahí, el reto es reorganizar las estructuras de poder que hoy los invisibilizan y los sitúan en condiciones de subordinación y vulnerabilidad.

Luego, el mayor desafío probablemente será dar efectividad al derecho de participación, entendido como elemento consustancial al reconocimiento de los NNA como sujetos de derecho y considerando su interdependencia con el ejercicio y goce efectivo de los demás derechos de los que son titulares. Así, de conformidad a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño será necesario, por ejemplo: contar con un presupuesto estatal que contemple un enfoque basado en los derechos de los NNA; impulsar modificaciones a la Ley Nº 20.500 que les permita participar en asociaciones y asuntos de la administración pública; estructurar vías institucionales para la participación de NNA en la definición e implementación de políticas públicas relativas a la infancia, entre otras. De igual manera, atendido el momento histórico que atraviesa el país, será necesario propiciar las modificaciones constitucionales que permitan asegurar la inclusión de los NNA en el proceso constituyente y garantizar la protección de sus derechos, especialmente su derecho a la vida e integridad física en el ejercicio de su libertad de expresión y del derecho de reunión.

Si algo ha quedado claro durante este proceso constituyente, es la capacidad de liderazgo y el sentido de urgencia que tienen los NNA sobre las transformaciones que el pueblo de Chile demanda. Sin una participación significativa de la niñez y la adolescencia sobre su plan de vida y sobre el devenir de la sociedad de la que forman parte, no será posible construir un nuevo pacto social intergeneracional que cuente con la adhesión necesaria para consolidarse en el tiempo.

Solo con más participación incidente será posible saltar la propaganda y dar efectividad a los derechos de NNA, oírlos y hacernos cargo de sus demandas, de modo que nunca más tengan que saltar ningún torniquete.

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