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La estrategia clave que ha soslayado el Minsal en la pandemia

Enero 28, 2021 9


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La omisión inexcusable y persistente de la estrategia gubernamental, ha sido sentarse a esperar a la vera del camino que la pandemia alcance a los hospitales y desde allí, resistir el cerco a la ciudadela con la barrera de los respiradores. Si carezco de los medios para prevenir y tratar a millones de enfermos, mi única alternativa es mantener sana a la población a mi cargo. Se debe ir a contener la pandemia allí dónde se contagia, que no es en los hospitales, sino en los asentamientos humanos.

Una de las ultimas pandemias que sufrió nuestro país fue el cólera, entre 1990 y 1992. Mientras que en Argentina hubo 5 mil casos y en Perú 50 mil, Chile solo tuvo 190. ¿Cuáles fueron las claves del éxito para contenerla? La unidad de acción en los territorios a través de la Atención Primaria de Salud (APS), la educación sanitaria y la participación de la comunidad organizada, para ejercer un control social eficaz.

Sin embargo, ninguna de estas medidas se ha llevado a cabo desde el Ministerio de Salud (MINSAL). Los recursos han ido a los proveedores de hospitales, a engendros sanitarios como Espacio Riesco y no a reforzar los equipos que trabajan a lo largo del país en los consultorios. Se suma a esta lista de desaciertos, el reciente cambio de dependencia del Departamento de Epidemiología del ministerio, incumpliendo las exigencias de la Asociación Internacional de Epidemiología, que señala que este rol de la epidemiologia se nutre de la información proporcionada por “las fuentes estadísticas diarias”.

Todavía es tiempo para actuar. La acción en terreno produce efectos de inmediato, para lo que se necesitan recursos oportunos y suficientes para sostener a los pequeños equipos epidemiológicos de cada consultorio. Van a costar la milésima parte de lo que cuesta el funcionamiento de un hospital; se podrá vacunar, educar de verdad con metodologías ya probadas. No se trata de reducir los gastos de los hospitales, que ya están por debajo de los costos reales. Se trata de utilizar a la APS en lo que vale.

No solo se incurre en una politización de los datos y acrecienta el riesgo de su manipulación, incrementando la desconfianza pública, sino que, en lugar de educación sanitaria, hemos visto instructivos de comprensión burocrática y protocolos interminables. En lugar de participación, hemos presenciado un recrudecimiento de la represión.

La larga tradición de contacto entre los equipos de salud en terreno y la población, ha sido conscientemente dejada de lado. Desde la instalación del Servicio Nacional de Salud hace casi 70 años, el contacto mensual de las madres y los niños con el equipo de salud desarrolló una suerte de confianza mutua. Los ciudadanos constataban que lo que se decía en salud era verdad. Hay una clave histórica que esta administración se ha esmerado en destruir: la adhesión sanitaria consciente de la población.

Los avances en salud, medibles en el aumento de la esperanza de vida al nacer, se deben sólo en parte a las habilidades y destrezas hospitalarias. Hay mucho más que agradecer a la racionalidad epidemiológica y sobre todo, a las capacidades sanitarias y administrativas, cuando el Estado es capaz de ampliar la cobertura de las acciones de salud y hacer llegar a todos los beneficios del progreso de las ciencias de la salud, con medidas simples, eficaces y colectivas.

La adecuada administración de salud es la clave para alcanzar la calidad social de un sistema de salud. Gracias a esta estrategia, al medio litro de leche y al acompañamiento cercano de equipos multidisciplinarios a lo largo de todo el ciclo vital, entre otras medidas de salud pública, es que la niñez actual tiene abuelos. Los viejos de hoy no los tuvieron. Las madres de hoy pueden manejar su reproducción; las de ayer, tuvieron que llenarse hijos, sin autonomía en su proyecto de vida ni en el sustento diario. La mortalidad infantil se ha reducido en 20 veces en 60 años después de 1970 como prueba de aquello.

La APS gasta menos de 100 mil pesos por inscrito al año para mantener sana a su población. En un Centro de Salud Familiar tienen el listado de su población en control, sus domicilios y sus teléfonos y correos electrónicos. Tienen conocimiento de quién es quién en su territorio. Es más fácil el seguimiento y la trazabilidad a nivel comunal. Esto es obvio para epidemiólogos y administradores de salud, pero no existe para algunos clínicos que ocupan altos cargos en el Ministerio de Salud ni para políticos obnubilados por la medicina curativa, en su obstinado afán de generar ganancias a costa de la pandemia.

Los establecimientos de APS atienden a 12,5 millones de casos nuevos al año, mientras que los servicios de urgencia hospitalarios solo 1,5 millones. Los consultorios disponen de 76 mil funcionarios, los que eventualmente pueden desplazarse a terreno, mientras que la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de salud cuentan con unos escasos 4 mil quinientos trabajadores.

Todavía es tiempo para actuar. La acción en terreno produce efectos de inmediato, para lo que se necesitan recursos oportunos y suficientes para sostener a los pequeños equipos epidemiológicos de cada consultorio. Van a costar la milésima parte de lo que cuesta el funcionamiento de un hospital; se podrá vacunar, educar de verdad con metodologías ya probadas. No se trata de reducir los gastos de los hospitales, que ya están por debajo de los costos reales. Se trata de utilizar a la APS en lo que vale.

Es preciso alertar a los académicos, a los colegios profesionales, a las organizaciones de trabajadores y de usuarios; a los partidos políticos y a la opinión pública de estas tendencias incontenibles. Es necesario crear una opinión ciudadana con la fuerza necesaria, para sustituir una estrategia que coloca el centro de gravedad de la salud en las prestaciones más caras, que contribuye a las inmensas ganancias de los complejos médicos industriales de las clínicas privadas y que niega a la población en su conjunto, el derecho a vivir con el mejor nivel de salud que las condiciones de desarrollo de nuestro país le pueden otorgar, independiente del ingreso, la etnia, la clase social, género y cualquier otra condición, con dignidad e igualdad de oportunidades.

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