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La lógica Longueira

Noviembre 24, 2020 9


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Aun a riesgo de parecer ingenuo tanto a un lado como al otro, me resisto a ver el estudio y redacción de la nueva Constitución como un enfrentamiento más entre derecha e izquierda, o entre Rechazo y Apruebo, o entre Gobierno y oposición, o entre dictadura y democracia.

Me resisto a creer que la disputa electoral por los tercios se reduzca a tratar de imponer a un sector del país sobre otro o a conseguir un veto de uno cualquiera de ellos. Me resisto a entender que toda la derecha esté en la lógica guerrera de Pablo Longueira, y me resisto a pensar que todas las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda se vayan a contagiar con el criterio del exaltado líder de la UDI y que se apresten, también, para un enfrentamiento electoral más de los muchos que tienen lugar en una sociedad democrática, sin reparar en la particular índole que tiene siempre un proceso constituyente. Simplemente, me resisto a creer que los partidos de uno y otro sector se estén preparando solo para ganar escaños en la Convención Constitucional a como dé lugar y no para colaborar a hacer el importante y delicado trabajo de escribir una nueva Constitución para el próximo medio siglo o más.

Me resisto a creer que, en vez de reunir a una amplia y flexible diversidad, dicha Convención vaya a tener bandos cerrados en su interior, esperando cada cual su turno en las esquinas del ring para salir a golpear a sus adversarios.

Esa era la pregunta de Tomic y todo indica que ella vale también para la hora presente: ¿De qué se trata? Se trata de estudiar, discutir y aprobar una nueva Constitución para la República de Chile, y los ciudadanos tenemos derecho a pedir y a esperar que se le tome el peso al asunto y no se lo confunda con una iniciativa más de las que pasan por el Congreso todos los días, que son tramitadas al son de la rutina Gobierno-oposición.

Sé, como todos, que la política es una actividad entre rivales y que la política democrática tiene la virtud de sujetar la disputa a reglas que impiden que los adversarios se transformen en enemigos y se vayan a las manos, pero sé también –como todos o al menos como muchos– que la decisión de redactar y aprobar una nueva Constitución no es un hecho ordinario o común en la vida de los países y que, atendida su importancia y sus proyecciones, debe ser tratado con la mayor seriedad y sentido de país.

Esa seriedad y sentido de los que se suele prescindir en la disputa política cotidiana, donde lo que se busca es doblarle la mano al contrincante para salirse con la suya e imponer el punto de vista propio.

La Constitución de 1980 le dobló la mano a la mitad o más del país y fue la imposición de un sector sobre otro, tomando además sus adalides todos los resguardos para que la parte de Chile que fue entonces desplazada, una vez que pudiera alcanzar el poder, no pudiera llevar adelante en plenitud sus programas de gobierno, quedando maniatada por los inusualmente altos quórums para impulsar reformas constitucionales o para la aprobación de algunos tipos especiales de leyes. Sin olvidar que durante 15 años de nuestra transición –¡15 años entre 1990 y 2005!– hubo en el Congreso Nacional unos senadores designados y vitalicios, que hasta el segundo de esos años fueron funcionales a la defensa de la Carta Fundamental vigente. ¡Si hasta Pinochet formó parte del Senado de la República!

¿Se trata ahora de que el sector que impuso la Constitución de 80 repita su jugada de entonces, aunque sin poder llevarla ahora tan lejos como en ese momento, asegurándose a lo menos un tercio más un voto de la futura Convención, y se trata de que el sector que fue dominado por esa Constitución sume ahora más de dos tercios de los constituyentes, para tomarse la revancha de lo que aconteció hace 40 años?

Me resisto creer eso o, cuando menos, me resisto a aceptarlo, porque la adopción de la lógica Longueira por lado y lado del espectro político, significaría que no hemos aprendido nada con nuestra transición a la democracia y que, a la hora de aprobar una nueva Constitución –un nueva Constitución y no una ley cualquiera–, tendríamos que repetir el camino viciado y vicioso que en materia constitucional empezamos a recorrer en 1980.

Viejas figuras políticas, tanto de derecha, centro e izquierda, partiendo por el propio Longueira, a las que se suman algunos jóvenes igualmente exaltados, parecieran no querer renunciar a la idea viciosa de que una Constitución tiene que responder a la imposición o al veto de un sector del país sobre otro y no a un texto que incluya el conjunto de los valores superiores, principios, derechos y reglas en los que pudiéramos convenir para organizar el poder político y fijar un marco de estándares e instituciones dentro del cual dirimir nuestros futuros desacuerdos, por lo demás propios de toda sociedad abierta.

A la lógica Longueira de parte importante de la derecha, no se le debería responder con una lógica similar por parte del centro ni de la izquierda.

Tal es, nos parece, la encrucijada en que nos encontramos y no aquella que divide las postulaciones a la Convención entre militantes e independientes. También entre los independientes puede haber posturas extremas y excluyentes, que parecen estar preparándose para un combate por los votos y no para una Conversación Constitucional racional y provechosa. Alentados porque en la misma fecha en que se elegirá a los futuros constituyentes habrá también votaciones para designar gobernadores, alcaldes y concejales llamados a ocupar cargos públicos, pasan por alto que los constituyentes no van a ejercer un cargo político más, sino a desempeñarse en la histórica e inusual función de aprobar una nueva Constitución.

¿Entenderán eso los partidos y las listas de independientes que competirán en ese momento por lugares en la Convención y procurarán, por tanto, que la lógica electoral común –la lógica Longueira– no transforme a los futuros constituyentes en otra más de las habituales y fastidiosas encarnaciones de los poderes políticos y económicos, que suelen evitar la luz del día y moverse salvajemente en la oscuridad o en las cocinas?

Cuentan que Radomiro Tomic, candidato presidencial en 1970 y notable orador, solía poner orden en las discusiones políticas con una sola pregunta, que hacía en voz alta, en medio de las trifulcas de las acaloradas asambleas partidarias: “¿De qué se trata?”.

Esa era la pregunta de Tomic y todo indica que ella vale también para la hora presente: ¿De qué se trata? Se trata de estudiar, discutir y aprobar una nueva Constitución para la República de Chile, y los ciudadanos tenemos derecho a pedir y a esperar que se le tome el peso al asunto y no se lo confunda con una iniciativa más de las que pasan por el Congreso todos los días, que son tramitadas al son de la rutina Gobierno-oposición.

Si del lado de la derecha se impusiera la lógica Longueira, de intentar elegir tantos constituyentes como sean necesarios para que la “nueva” Constitución se reduzca solo a algunos cambios menores a la actual, y si del lado del centro hacia la izquierda predominara la idea de que la nueva Constitución tiene que ser una especie de desquite contra la de 1980 y las inaceptables circunstancias que rodearon su probación, estaríamos fritos como país.

Históricamente fritos, al haber desperdiciado la inusual y valiosa oportunidad de acordar una nueva Constitución destinada especialmente a las nuevas generaciones, prefiriendo dar satisfacción a los viejos y nuevos cabezas calientes de uno y otro sector.

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