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La reforma de Carabineros o educando al bastón de abollar ideologías

Diciembre 11, 2020 5


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Carabineros - ATON

Un proverbio popular señala que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El aserto tiene plena validez en el caso de la policía de Carabineros. Reiteradamente, desde 1990 hacia acá, se suceden los generales directores y se prometen reformas de fondo, en medio de crisis o escándalos, hasta que el relevo del mando devuelve todo a foja cero. Ello hace que desde el punto de vista estructural, luego de cada episodio, la institución se debilite aún más, haciendo casi imposible hoy, con solo el impulso interno, alcanzar los estándares de una policía moderna, eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos en sus procedimientos.

Hoy estamos en un nuevo proceso de cambio de mando. La diferencia con los anteriores es que la acumulación de problemas es tan grave, que desde 2017 hasta ahora se han sucedido cuatro generales directores, pese al apoyo que los gobiernos de turno les brindaron.

Hacer más de lo mismo parece nefasto, debido al descontrol interno. La baja capacidad de autoridad del nuevo mando, las redes funcionarias internas, las deficiencias rutinarias y los malos procedimientos de los principales cuerpos operativos, tornan la solución del cambio de directores en algo transitorio, que durará hasta el próximo escándalo o ineficiencia y abuso de la fuerza. Todo ello sin considerar que, con una opinión pública saturada de malas noticias respecto de Carabineros, pasa por alto cosas tan graves como el hecho de que un escolta del ministro de Hacienda dispare a mansalva y mate a un ladrón que huía luego de robar la mochila del ministro. Y luego lo entreguen a civiles sin competencia.

Carabineros es, de lejos, uno de los organismos más importantes de la administración pública del país. Tanto por lo que implican sus funciones para la seguridad interior, como por los recursos públicos que demanda su mantención.

En cifras simples, Carabineros tiene 60 mil efectivos (más o menos, porque el número exacto es secreto), con un presupuesto anual que el 2020 llegó a 1.203 millones de pesos, de los cuales 1.140 millones corresponden a gastos de personal y bienes de consumo. Ello sin contar el aporte previsional del Estado entre 12 mil y 14 mil millones anualmente, y las inversiones extraordinarias y los aportes directos de otro servicios y reparticiones del Estado.

Luego de las declaraciones de exgeneral director Hermes Soto ante la justicia por el caso Catrillanca, es evidente que la línea de responsabilidad interna está rota de arriba abajo.

Al igual que las FF.AA., Carabineros tiene dos escuelas matrices, una de oficiales y otra de suboficiales y tropa. Ello, aunque unos y otros deban recibir la misma instrucción de agentes de la ley, con las mismas percepciones y responsabilidades sobre la legalidad y responsabilidad de sus actos, a la hora de ejercer su servicio profesional. Luego de las declaraciones de exgeneral director Hermes Soto ante la justicia por el caso Catrillanca, es evidente que la línea de responsabilidad interna está rota de arriba abajo.

Si se analizan la estructura y responsabilidades en Carabineros, se llega a la conclusión de que no existen razones para que haya dos escuelas matrices, y que la primera y fundamental reforma a impulsar en términos estructurales es hacer una sola formación inicial. Una señal de tal naturaleza, dejaría claro que la voluntad es ir al fondo del tema y orientarse a especializaciones permanentes durante toda la carrera profesional.

El despliegue y reforma de Carabineros

De acuerdo a su propia información, Carabineros tiene en todo el territorio nacional 981 cuarteles, sin contar las instalaciones transitorias por motivo de fechas o circunstancias especiales. De estos cuarteles, unos 413 (163 Comisarías, 59 Subcomisarías, 66 Tenencias, 125 Retenes) se organizan en 150 comunas del país en torno a la estrategia Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, y cubren el 88% de la población urbana nacional. En síntesis, Carabineros se define a sí mismo como una policía preventiva.

La otra mitad del personal son los cuerpos especializados que tienen sus modos propios, ya sea en su despliegue operativo o de dotación de apoyo tecnológico. Prefectura de Operaciones Especiales (GOPE), Prefectura Aérea (O.S.4); Prefectura de Servicios de Tránsito y Carreteras (O.S.2); Departamento Investigación de Organizaciones Criminales (O.S.9); Departamento Servicios de Fronteras (O.S.3); Prevención y Protección de la Familia, y servicios de apoyo técnico como Prefectura de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT); Departamento de Análisis Criminal (DAC-DIOSCAR); Departamento de Criminalística (LABOCAR); Departamento de Encargos y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV)-(SEBP); Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y otros, en los que se incluyen la administración central, como la Dirección Nacional de Orden y Seguridad y el Departamento de Comunicaciones.

Según sus estadísticas, realiza más de 11 millones de procedimientos de todo tipo, aunque la mayoría se oriente al control de personas. Pero su eficiencia es baja. Ello se puede apreciar contrastando denuncias versus aprehendidos. En robos con fuerza apenas alcanza a un 15% de aprehendidos, y en robos con violencia menos de un 12%. Pero en cambio es muy eficiente en delitos de bagatela como robos en supermercados, donde el número de aprehendidos es mayor al de las denuncias. En violencia intrafamiliar, algo muy vistoso, solo hubo 61 sobre 593 casos denunciados el 2019 (Cuenta de Mario Rozas, entonces general director).

En la organización, una actividad que merece una estructura aparte, es el Departamento de Servicios de Frontera (O.S.3), tanto por lo que significa en la política exterior vecinal como en la complejidad del control de crimen organizado en contrabando, tráfico de personas y narcotráfico. Con 386 pasos fronterizos, y solo 60 habilitados; 290 no habilitados, más muchos pasos temporales u ocasionales, además de hitos y fronteras tripartitas (Trifinio con Perú y Bolivia, y Zapaleri con Bolivia y Argentina), requiere de una administración especial, tipo gendarmería, con recursos tecnológicos especiales y competencias claras frente al resto de los servicios armados del Estado. Ello sin contar con las competencias en el litoral y el fortalecimiento de control en puertos y áreas de pesca y embarque, vinculados a un espacio territorial de 12 millas soberanas (se excluyen las 200 millas de Zona Económica Exclusiva).

Refundar Carabineros

La idea de refundar fue expresada por la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, en un programa de televisión. Y tiene razón. Una organización tan compleja no tiene hoy en su estructura cómo controlar las fallas o actos delictuosos que se produzcan en su ámbito interno. Peor aún si ocurren en sus órganos de inteligencia, el desfalco de dinero y los procedimientos extremos de uso de la fuerza y daño a las personas de sus cuerpos antidisturbios o de control de desórdenes públicos.

Hoy es imposible no pensar que se requiere de una estructura sólida de intervención externa para mejorar toda la estructura, operando en proceso. Porque se debe asegurar que Carabineros siga funcionando en sus rutinas, pero alentar que empiece la corrección de las deficiencias, primero las más críticas, como la revisión de los protocolos de uso de la fuerza, hasta las que albergan hoyos negros como el manejo transparente de los fondos institucionales y la formación y especialización del contingente humano.

Ello perfila cinco tareas inmediatas a implementar para iniciar la refundación de Carabineros.

Una Comisión Externa interventora con suficiente capacidad y competencias, ojalá originada en una ley especial, que impulse tres auditorías generales sobre: a) los recursos financieros y patrimoniales disponibles; b) la formación y capacidad de los recursos humanos, y la creación de una sola escuela matriz; y c) una auditoría de organización y procedimientos, entre ellos, los de servicios especiales y reglas de uso de la fuerza. Aquí se deben radicar, además, las determinaciones sobre la inteligencia, la contrainteligencia, y el sistema de coordinación con la institucionalidad de la seguridad nacional y otros servicios armados.

Para Carabineros, su misión institucional, según sus propias palabras, es: “Satisfacer las necesidades de seguridad pública de la comunidad y de los órganos e instituciones del Estado… (con)… un despliegue estratégico y operativo eficiente de sus recursos…”. Y su visión institucional es: “Constituirse en un referente nacional e internacional en gestión policial de la seguridad pública, caracterizado por su excelencia operacional y calidad de servicio…”. Carabineros no se ve a sí mismo como lo que afirma que es, un servicio público policial de carácter preventivo al servicio de la comunidad. Se ven como actores internacionales y nacionales del Poder Estatal, y se autointerpretan como defensores de ese poder.

Alguien tiene que explicarles que son financiados por todos los chilenos, que esperan de ellos eficiencia, respeto y trato digno, cotidiano y permanente, en sus derechos y su seguridad.

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