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Por una política pública de memoria

Enero 9, 2021 14


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Algunos sectores de la sociedad chilena -precisamente aquellos que nos gobiernan- no reconocen que en nuestro país continúa la persecución política, la tortura y la muerte por acción de agentes del Estado. No consideran que la represión sistemática de la protesta social, la existencia de presos y presas por razones políticas, o la mutilación de cientos de personas por manifestarse constituya una práctica sistemática de violación a los derechos humanos. No ven como un problema la impunidad para quienes cometen esos crímenes desde el Estado, ni la aplicación de una justicia sostenida en la ley antiterrorista para quienes son tratados/as como enemigos de la sociedad por defender ideas y proyectos contra hegemónicos.

No es sorprendente que un país gobernado por quienes piensan de esa manera, y por una clase política temerosa de perder sus privilegios, no considere importante la inclusión de contenidos de memoria y derechos humanos en sus currículums educativos, ni mucho menos la construcción de una política de memoria como una prioridad social, política y cultural.

Así quedó demostrado el martes pasado en la Cámara de Diputados, cuando se rechazó el proyecto de ley que incluía en el Plan de Formación Ciudadana una asignatura denominada «Memoria y Derechos Humanos». Aunque tuvo 76 votos a favor, 48 en contra y 18 abstenciones, fue rechazada por la existencia del quorum calificado que exige la Constitución de Pinochet. Es decir, una minoría de parlamentarios/as oficialistas, muchos/as de los cuales participaron o apoyaron la dictadura, votaron en contra de que las nuevas generaciones sean educadas en memoria y DD.HH.

Recordar es un acto de comprensión y creación de sentido, que se hace siempre en el presente como una acción que nunca está acabada. La memoria colectiva sucede en el presente, construyendo un pasado que no puede encerrarse dentro de los límites de una demarcación estrictamente cronológica. En este sentido, lo fundamental de la memoria colectiva no es la preservación y transmisión del pasado, sino su creación y transformación para enriquecerlo y operar en el presente. La fuerza simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones e imaginarios sociales.

Pero el problema central no es ese. Va más allá: Chile no tiene ni ha tenido una política pública de memoria. Los gobiernos de la pos dictadura, al verse enfrentados a la necesidad de resolver los efectos de las violaciones a los derechos humanos, respondieron con iniciativas sectoriales orientadas a la reparación del trauma en las víctimas y sus familias y, a la búsqueda de la reconciliación de una sociedad polarizada. Ambos objetivos están en la base de la creación de las dos comisiones de verdad que hemos tenido -Comisión Rettig (1990) y Valech (2004)- de cuyas sugerencias se han derivado iniciativas de reparación importantes como el PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral en Salud), las becas de estudio, las pensiones y el apoyo a la construcción de monumentos y memoriales como formas de reparación simbólica.

La demanda de verdad, justicia y reparación, defendida por organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de víctimas desde la época de la dictadura, fue respondida de acuerdo a la estrategia transicional de “hacer las cosas en la medida de lo posible”. Treinta años después, cabe preguntarse ¿se consiguió la verdad? ¿se repararon los daños individuales y colectivos? ¿se hizo justicia? Tenemos dos informes de verdad que resultan claramente insuficientes para relatar los horrores de la dictadura y que dejan fuera a muchos sujetos y prácticas, tratando como equivalente a todas las formas de violencia.

Se implementaron diversas iniciativas de reparación que resultaron importantes para quienes fueron consideradas víctimas y lograron acceder a ciertos beneficios económicos, de estudio y salud, pero se trató de iniciativas focalizadas, desarticuladas entre sí, con fuertes limitaciones para mejorar la vida de personas que fueron afectadas directamente por la violencia de Estado y, muy débiles a la hora de pensar en las relaciones sociales dañadas. Se hicieron y hacen muchos juicios por violaciones a los DD.HH, casi todos de una duración inexplicable. En los casos en los que hay sentencia, se puede afirmar que sí se aplicó la ley (si se puede entender así la existencia de justicia), pero estas son completamente desproporcionadas ante la magnitud de los crímenes, por no adentrarnos en las condiciones de privilegio en las que se cumplen esas irrisorias penas.

Se puede afirmar que en Chile se han implementado estrategias de reparación e iniciativas políticas de memoria. Algunas han recibido apoyo del Estado y otras (muy pocas) han sido producto de iniciativas de Gobierno. Pero ni la construcción de un Museo de la Memoria ni la entrega esporádica de fondos a las organizaciones, constituye una política pública de memoria. En ese contexto, es difícil esperar que el parlamento vote a favor de incorporar estos temas al currículum educativo.

Aunque estoy convencida que la memoria debe ser un contenido educativo, pienso que no es en eso en lo que debe centrarse nuestra preocupación, pues se trata de una iniciativa aislada que reproduce las características de desarticulación, discrecionalidad en su implementación y dudoso alcance como aquellas que he descrito antes. Creo que debemos ir más allá de propuestas sectoriales como ésta y pensar en una política pública de memoria para nuestra nueva Constitución.

Recordar es un acto de comprensión y creación de sentido, que se hace siempre en el presente como una acción que nunca está acabada. La memoria colectiva sucede en el presente, construyendo un pasado que no puede encerrarse dentro de los límites de una demarcación estrictamente cronológica. En este sentido, lo fundamental de la memoria colectiva no es la preservación y transmisión del pasado, sino su creación y transformación para enriquecerlo y operar en el presente. La fuerza simbólica de la memoria está en su carácter productor de sujetos, relaciones e imaginarios sociales.

Cada sociedad debate y decide lo que es importante recordar y los programas educativos forman parte de esta apuesta, que es planteada en términos de lo que se busca conservar y enseñar y de aquello que forma parte del patrimonio memorial de esa sociedad. Pero no basta con legislar la incorporación de ciertos contenidos, sino que se deben definir colectivamente cuáles deben ser estos, cómo deben enseñarse y para qué.

La memoria es un derecho y el Estado debe garantizar su ejercicio. Pero no se trata de una memoria en abstracto, una memoria de cualquier cosa, sino de aquellas que permiten la comprensión y transformación del presente. Se trata de hacer memorias críticas, políticas y feministas, que se constituyan en prácticas de resistencia y que contribuyan a construir ciudadanos/as críticos/as a los poderes dominantes y activos en la lucha por la transformación social.

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