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Tu retiro y el mío

Noviembre 26, 2020 8


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Frente a la inminente aprobación de un segundo retiro de fondos previsionales, luego que el proyecto en cuestión pasara sobradamente la barrera del quórum requerido en la Cámara de Diputados y Diputadas, el Gobierno pasó de una inicial inercia a una actitud desafiante, con dos jugadas paralelas: requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) respecto al proyecto originado en la Cámara y, además, presentación a última hora de un proyecto alternativo. Éste último muy distinto, pero claramente con la casi infalible política del “tejo pasado”.

Previamente, el Presidente había ido creando el ambiente, particularmente con motivo de su intervención en el último encuentro empresarial. En su terreno y con auditórium que quería escuchar eso.

Planteaba antes lo del “tejo pasado”, porque –desde casi inmediatamente anunciado el proyecto alternativo– quedó en evidencia que no era realista pretender apoyo oficialista incondicional, con todas las restricciones que el mencionado proyecto incluía. Y por cierto, mucho menos de legisladores no afines al Gobierno. Era muy evidente que al Ejecutivo le interesaba salvar fundamentalmente dos temas: uno, reducir el universo de beneficiarios; y dos, que se tributara. Y quizás aquí, en este segundo punto, radica uno de los aspectos más controvertidos y, posiblemente, fuente innecesaria de conflicto. En esencia, porque nunca se explicó ni se ha explicado bien.

Por consiguiente, habrá que esperar también cómo es defendido el proyecto por parte del Parlamento, según lo han anunciado autoridades de la Cámara y del Senado. Podríamos, así, encontrarnos con la situación de un proyecto aprobado (el del Gobierno, para tener “un pájaro en la mano”) y a la espera del pronunciamiento del TC sobre el proyecto inicial, el cual también podría ser aprobado de considerarse, por parte de este organismo, que no transgrede normas constitucionales.

Las personas entendieron, cuando se tramitó el primer retiro, que un eventual impuesto era al retiro en sí. Una suerte de impuesto específico al retiro. No se hizo énfasis suficiente en que los ingresos derivados del retiro pasaban sencillamente a constituirse en renta y, por consiguiente, a engrosar el Global Complementario. En sencillo: no necesariamente ocasionaría tributación si quien retiraba quedaba exento de acuerdo a los tramos del impuesto a la Renta.

Una estimación sobre la base de los montos individuales retirados, indicaría que no más de un 4% de las personas que sin el retiro hubiesen quedado exentas del pago de impuesto a la renta, hubiesen pasado a pagar con el retiro. El resto paga impuesto a la renta sí o sí. Por tanto, el que en el primer retiro no fuera considerado renta, generó beneficios innecesarios e injustos a quienes no lo necesitaban. Es muy llamativo que haya habido consenso universal en una medida tan regresiva.

Independientemente de lo anterior, es evidente que el proyecto presentado por el Ejecutivo fue un ejercicio más de la ya desacreditada “focalización”, pero ahora respecto a recursos que ni siquiera son fiscales: planteó impedir retirar fondos a los pensionados por retiro programado (el proyecto establece que solo pueden retirar los “cotizantes activos”), a quienes tienen determinado nivel de ingreso o cotizaciones y a quienes no han visto mermados sus ingresos producto de la emergencia sanitaria. Por si fuera poco, obliga a reponer los fondos retirados. O sea, un autopréstamo.

Un punto que el señor ministro de Hacienda, principalmente, nunca se ha mostrado dado a entender, es que el concepto de “merma en los ingresos” va mucho más allá de la simple reducción de los ingresos monetarios. Las familias han experimentado mermas producto del incremento de precios principalmente de alimentos, del mayor gasto en servicios como electricidad, internet. Y por cierto para ir en auxilio de un familiar o simplemente de un amigo.

En su primer trámite, en las comisiones de Hacienda y Trabajo, el proyecto presentado por el Ejecutivo ha experimentado modificaciones que lo despojan de parte importante de sus “límites”, como lo son el reintegro –obligatorio o no– de los montos posibles de retirar y los plazos para que las AFP materialicen los pagos. Seguramente, experimentará otros “tijeretazos”. Al final quedará muy similar al proyecto objetado.

Respecto al requerimiento al TC, además de ser más bien un intento del gobernante de dar una señal de autoridad, es una apuesta arriesgada. El precedente de un primer retiro, en condiciones prácticamente idénticas al segundo proyecto, es un factor –entre otros– que puede jugar en contra. No resulta razonable dar por hecho que el TC fallará de acuerdo a lo esperado por la autoridad.

Por consiguiente, habrá que esperar también cómo es defendido el proyecto por parte del Parlamento, según lo han anunciado autoridades de la Cámara y del Senado. Podríamos, así, encontrarnos con la situación de un proyecto aprobado (el del Gobierno, para tener “un pájaro en la mano”) y a la espera del pronunciamiento del TC sobre el proyecto inicial, el cual también podría ser aprobado de considerarse, por parte de este organismo, que no transgrede normas constitucionales.

Muy lamentablemente, producto del énfasis del enfoque parlamentario, gubernamental y comunicacional en el tema del segundo retiro, no aparece aún ninguna señal concreta respecto al tema de fondo: las bajas pensiones, materia en la cual el Gobierno ha evidenciado su profundo compromiso ideológico con el modelo implementado el año 1981 y que está muy lejos de constituirse en un verdadero sistema de previsión social.

Es de esperar que, terminado el episodio “retiro 2”, se impulse definitivamente la necesaria reforma, pero a partir de una base no transable: ni un punto porcentual más para cuentas individuales. No hay forma de mejorar sustantivamente las actuales pensiones bajo un esquema de fortalecimiento del sistema de capitalización individual.

Y dado que la autoridad se ha desentendido absolutamente de considerar y, mucho menos, responder los emplazamientos de expertos y parlamentarios en orden a mejorar las pensiones actuales por vía administrativa –recurso a la mano del Presidente y de la respectiva superintendencia– no queda sino allegar recursos frescos a solidaridad.

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