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Algo huele raro en la superintendencia de Medio Ambiente: funcionarias denuncian malas prácticas, recortes de salario, persecución laboral y baja de grados

Enero 16, 2021 7


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Cristóbal de la Maza, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, llegó el 10 de octubre de 2019 a ocupar el puesto de superintendente en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), ocho días antes del estallido social, y a pocos meses de que comenzara la pandemia que nos obligó como sociedad a adaptarnos y migrar, en lo posible, hacia el teletrabajo.

Desde su llegada, en la superintendencia todo cambió “para mal”, instalando un “mal clima laboral e inseguridad sin precedentes”, según una denuncia pública de la Asociación Nacional de funcionarios y funcionarias de la SMA.

En conversación con El Mostrador Braga, parte de las 14 funcionarias/os que se vieron perjudicadas/os por las medidas tomadas por el superintendente, revelaron una serie de irregularidades, como recortes de salarios, persecución por elegir el modo de teletrabajo, baja de grado profesional y condicionamiento de los contratos, entre otros.

De acuerdo a los funcionarios, las principales afectadas son mujeres que, además, son o han sido madre recientemente, tienen enfermedades de cuidado (cáncer), o estaban ad portas de su jubilación.

Baja de sueldo y “recorte” de contratos

El último día de noviembre, el superintendente firmó 14 resoluciones que bajan salarios y grados profesionales. Según los funcionarios, esto fue sin mayor explicación, ya que el presupuesto para sueldos “no se vio disminuido en 2021 por el Congreso”, aunque sí hubo recortes en otras áreas asociadas a gastos corrientes.

De los 14 casos denunciados, 9 son mujeres y madres, que en su mayoría debieron desempeñarse en teletrabajo ante la imposibilidad de contar con opciones para el cuidado de sus hijos en pandemia. Esto, según las trabajadoras, fue una de las principales razones para bajar los grados.

Una de ellas, quien cumplió 60 años, es población de riesgo covid-19 y sufre de diabetes, contó que el superintendente le dijo que su reducción de sueldo se debía a que ella lo había “abandonado” porque no iba a la oficina. Pero, durante la pandemia, sólo su grupo de asesores más cercanos (quienes reciben sueldos de más de $2 millones, según Transparencia Activa) no dejaron de asistir en forma presencial.

También está el caso de una funcionaria con fuero maternal, cuyo sueldo cayó en 2 grados, tema que sería imposible en el sector privado debido a la ley que protege a las madres con recién nacidos.

Otro caso es el de una funcionaria que batalla contra el cáncer, por lo que en el último tiempo había estado ausente de sus labores. Su baja salarial cayó de grado 4 a grado 9, por lo que presentó un recurso de protección (97287-2020), el cual está siendo analizado por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Consultada por El Mostrador Braga, la Superintendencia respondió que “el presupuesto total de la SMA se redujo considerablemente”, específicamente, un 7% en comparación al año pasado. De acuerdo con este nuevo presupuesto, declaran haber ajustado el gasto en todas las áreas. “Se restringió la adquisición de activos no financieros en un 50%, la adquisición de bienes y servicios en un 20%, y el gasto en medición análisis y muestreo en un 10%”, indican.

Respecto de los salarios y las bajas de grado profesional, la Superintendencia señaló que se aplicó un ajuste al gasto en remuneraciones de un 3%, y que, con el objetivo de afectar al mínimo al equipo de trabajo “decidimos no realizar desvinculaciones”.

Sin embargo, para poder cumplir un dictamen de la Contraloría del 2015, el cual indica que sólo funcionarios/as en DFZ y Oficinas Regionales que realicen tareas de fiscalización pueden pertenecer a este escalafón, “en virtud de una auditoría externa encargada por el superintendente (s) anterior sobre la materia, se cambiaron de fiscalizadores a profesionales o técnicos según corresponde a sus funciones”.

Respecto a las 14 resoluciones discutidas con la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la SMA, la Superintendencia sostiene que el escenario actual es de 12 funcionarios/as (6 mujeres y 6 hombres) quienes ven modificada su situación contractual, por lo que, a su juicio, “el argumento de discriminación de género no se sustenta pues, las decisiones obedecieron a criterios objetivos, en base a los cambios de estructura y de responsabilidades”.

Sin embargo, las y los funcionarios no están de acuerdo con esta respuesta. A su juicio, la reducción de presupuesto en salarios de un 3% pudo financiarse de dos maneras: bajando el sueldo por unos dos a tres meses a los máximos directivos, quienes ganan desde $4,5 millones hacia arriba, o bien haber reducido a todos los funcionarios el sueldo por un mes. “Siempre hay soluciones para eso, pero eligieron 11 casos con pinzas y de ellos, nueve mujeres, no seis. Además, nos parece un tanto compleja la decisión de tomar esos casos solamente de entre 220 personas”, expresan.

Paridad rebajada

La decisión de bajar sueldos solamente perjudicó a mujeres, pero los cinco hombres restantes vieron inestable su permanencia en el servicio. Uno de ellos es un adulto mayor que toda su vida fue junior. A él le dieron un ultimátum: o aprendía en tres meses a usar el computador y los sistemas, o se iba, denuncian los funcionarios.

Durante la anterior administración de Cristián Franz (quien estuvo en el Gobierno de Bachelet y casi todo el primer año de Piñera), en las altas jefaturas del organismo había ocho mujeres y cuatro hombres. Con la llegada de De la Maza, esto se transformó y ocho hombres detentan las máximas jefaturas. Como jefes de departamentos y oficinas hay cinco hombres y sólo una mujer (oficina de Comunicaciones).

Polémicos cambios en la estructura

A esto se suma que el día 30 de diciembre, justo casi en Año Nuevo, el superintendente decidió cambiar radicalmente la estructura orgánica de la SMA. Uno de los hitos más relevantes fue que desapareció la División de Sanciones, encargada de los procesos que se llevan en contra de las empresas que incumplen la normativa ambiental, y que es la gran herramienta para hacer cumplir la ley ambiental en Chile. Esta fue reemplazada por un Departamento, que dependerá de Fiscalía, vale decir el área legal que asesora al superintendente en los temas legales y normativos.

En ese sentido, los funcionarios acusan falta de independencia en la nueva estructura, ya que el nuevo Jefe de Sanciones será nombrado directamente por el superintendente y ya no por convocatorias vía Alta Dirección Pública. De acuerdo a los funcionarios, al ser un jefe nombrado por el superintendente, este puede elegir “con pinzas” a quienes multar o no.

Otro cambio fue que sube de rango al ex Departamento de Tecnología de la Información y se transforma en “División de Seguimiento Ambiental”. Este departamento, que manejaba PC e impresoras, ahora se empodera para supervisar, además, la conexión de empresas reguladas a la SMA, como termoeléctricas, salmoneras, fundiciones, entre otras. Sin embargo, no existe suficiente personal para hacer procesos sancionatorios masivos, aclaran los funcionarios.

Asesores-candidatos

Otro foco de denuncia es que el área que asesora directamente al superintendente nunca había sido tan numerosa, lo que resulta paradójico en en un periodo de estrechez presupuestaria.

El jefe de gabinete del superintendente es el abogado Teodoro Ribera (RN), hijo del exministro de RREE del mismo nombre. A él se suman dos asesores: Jaime Flores, candidato a constituyente por la UDI, e hijo del exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Flores; y Constanza Gajardo, candidata a constituyente por Chile Vamos, y que hoy, según los denunciantes, están haciendo campaña en horario laboral. Según Transparencia Activa, el sueldo de Flores, por el cargo de asesor de gabinete es de $ 3.295.764, mientras que el de Gajardo, por el mismo cargo, es de $ 2.920.072.

De acuerdo a la Superintendencia, la regla que están siguiendo para el periodo de campaña, es que el funcionario/a debe renunciar, o solicitar permiso sin goce de sueldo, lo que es concordante con lo dictaminado por la Contraloría General de la República. “Para el periodo previo a inscribir sus candidaturas, ninguno ha utilizado tiempo de su jornada laboral, y han solicitado días administrativos o han hecho uso de su feriado legal”, señala la SMA. Sin embargo, según las y los denunciantes, en el sistema de recursos humanos ninguno figura ni con permiso, ni vacaciones.

Otra área de asesoría directa de De la Maza es el Departamento de Gestión Institucional, el cual absorbió ámbitos como Planificación y Control, y algunas otras labores. En ella trabajan ocho personas, incluyendo al jefe, Jorge Gómez Lechaptoi, exasesor de la Asociación de Generadoras de Chile, que agrupa a las empresas del sector eléctrico, y que, de paso, es regulada ambientalmente por la SMA.

En total, son 15 personas las que se sumaron al área más cercana al superintendente, lo cual enciende los ánimos entre los funcionarios de las áreas del “core business” del organismo. En total, la superintendencia cuenta con alrededor de 220 funcionarios en Santiago, mientras que en zonas como Arica y Parinacota, solo hay tres o cuatro personas para toda la región.

Otros cuestionados por los funcionarios

Dentro del grupo de asesores que trajo el superintendente De la Maza llaman la atención de los denunciantes dos funcionarios que, hasta ahora, han sido cuestionados debido a que no cuentan con experiencia en el área ambiental ni similar.

Según la Superintendencia, los contratos fueron debidamente justificados y tramitados ante la Contraloría General de la República. “En caso de cualquier situación que lo amerite, se recurrirá ante dicho organismo para su pronunciamiento”, explicaron a este medio.

Uno de ellos es Fernando Vera Oettinger, exgeneral de Carabineros, quien asumió como jefe de la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, lo que implicó “degradar” a un profesional que llevaba ocho años en el cargo a un segundo puesto, señalan al interior de la SMA.

No tiene formación acorde al área, y según los funcionarios, Contraloría presentó reparos a su contratación en Grado 6º de la Escala Oficial de Fiscalizadores, equivalente a un salario bruto de $ 3.826.684 millones, que se suma su pensión como general en retiro. Anteriormente se intentó que coordinara a las oficinas regionales, “pero no dio el ancho y lo trasladaron a esa área”, dicen los denunciantes.

Otro funcionario cuestionado es Gustavo Lerner, un argentino experto en numerología, quien es parte del Departamento de Gestión Institucional. Según los denunciantes, trabaja “sólo algunos días a la semana” y recibe $1.500.000 mensuales por honorarios. De acuerdo a Transparencia Activa, “brinda una asesoría especializada en materias de Gestión y Desarrollo de Personas al superintendente del Medio Ambiente”. Los y las funcionarias cuestionan que una persona sin título profesional gane ese salario sin tener que cumplir una jornada normal (44 horas).

Lerner llevó a cabo un proyecto en Zoom, para tratar de mejorar el clima laboral. Algunos describieron la iniciativa como un “hakuna matata” para intentar arreglar el ambiente laboral que existe, pero sin éxito dadas todas las denuncias que hay al interior de la superintendencia.

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