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Más presión sobre el Gobierno: más de 30 organizaciones recurren a organismos internacionales para poner freno a expulsiones colectivas de migrantes

Junio 18, 2021 7


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A través de una misiva dirigida a los relatores y relatoras del sistema universal y sistema interamericano de derechos humanos, un total de 33 organizaciones de la sociedad civil pidieron exigir al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera detener las expulsiones colectivas realizadas a lo largo de este año de ciudadanos extranjeros.

Instituciones como la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM); Clínica Jurídica de Migrante y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Bicicultura; Colegio de Sociólogos y Sociólogas; Fundación Ojos de Chile; Movimiento Acción Migrante; Londres 38, espacio de memorias; Colectividad Peruana «la flor de la canela» y el Servicio Jesuita a Migrantes emplazaron a organismos internacionales a pronunciarse sobre este tema y solicitar al Gobierno que respete los DDHH y “se haga cargo de las violaciones cometidas por agentes del Estado, en el marco de las expulsiones ilegales y colectivas de personas migrantes”.

De acuerdo a los datos de estas organizaciones, el 25 de abril, el Gobierno expulsó colectivamente a 55 migrantes de nacionalidad venezolana, durante mayo se deportó a otros 56 migrantes y el 6 de junio a otros 25 más.

Además, enfatiza que “esta vulneración de derechos se ha mantenido constante e invariable en el tiempo, sin importar críticas, sentencias judiciales o pronunciamientos internacionales en contra de la práctica discriminatoria y vulneratoria que son las expulsiones colectivas”.

Las organizaciones recuerdan declaraciones de otros organismos nacionales e internacionales ligados a la migración y señalan en la misma línea que las expulsiones realizadas en el país, “son ilegales, colectivas y  no han respetado estándares mínimos de debido proceso, protección a grupos vulnerables y no discriminación”.

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina Nacional en Chile de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la Misión en Chile de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile emitieron una declaración en la que si bien reconocen la soberanía que tiene el Gobierno de Chile para proteger sus fronteras y el acceso a suelo nacional, al mismo tiempo manifiestan «la importancia de que las medidas adoptadas se adecúen al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados».

El Gobierno ha defendido su política de expulsiones, señalando que se trata de casos de «expulsión administrativa por haber ingresado al país de forma clandestina y de “personas condenadas por tráfico de drogas, por robo con violencia (…) y van a conmutar sus penas en sus respectivos países», como ha declarado el ministro de Interior Rodrigo Delgado.

Sin embargo, en la misiva se argumenta que del total de expulsiones colectivas, el 66% fue de tipo administrativo y sólo el 34% restante se ligó con sentencias de un tribunal, lo que a juicio de los firmantes “se yergue como una muestra más de la naturaleza contraria al Derecho Internacional de las mismas, por no haber el Estado chileno cumplido su deber de evaluar cada caso de manera particular, asegurando un proceso racional y justo”.

Además, desde las organizaciones cuestionan que los procedimientos de expulsión se realicen “durante los fines de semana y en las madrugadas, con pleno conocimiento de que dicho proceder no se condice con los tiempos de funcionamiento de las Cortes de Apelaciones para resolver las acciones de amparo interpuestas en favor de las y los afectados por organismos como el Servicio Jesuita de Migrantes en conjunto con Clínicas Jurídicas o el Instituto Nacional de Derechos Humanos”. De hecho, a raíz de estos casos, la Corte Suprema instruyó a las cortes de apelaciones para que se reúnan en horario inhábil, vale decir los fines de semana, ante interposición de recursos de amparo urgentes

De acuerdo a las organizaciones firmantes, para agravar la situación, “además algunos de los migrantes expulsados eran padres y madres de niños migrantes, quienes  se encuentran en el país, privados de protección, por lo que el gobierno no ha respetado el principio de unidad familiar y el interés superior de NNA”.

Para Francisca Vargas, directora de la Clínica jurídica de Migrantes y Refugiados UDP, “un país democrático y con plena vigencia del derecho no puede aplicar las normas jurídicas para unos y no para otros. Recordemos que el debido proceso aplica antes, durante y después de la aplicación de una sanción, y no depende de la nacionalidad de la persona. Sobre la base de lo anterior, es necesario que nuestras autoridades migratorias dejen de expulsar ilegal y colectivamente a personas migrantes, y con ello dejen de vulnerar derechos humanos y separar familias, haciendo pleno el estado de derecho para todas y todos”.

En tanto, Consuelo Navarro, directora de la Comisión DD.HH. de ABOFEM expresó que “las expulsiones son siempre una medida final  y no pueden, contravenir sentencias judiciales y derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado. Además estas medidas afectan desproporcionadamente a niños, niñas, adolescentes, y  mujeres, vulnerando el interés superior del niño, y los principios de reunificación familiar.  Nuestra misiva busca generar un cambio en las políticas migratorias del Gobierno y restaurar el efectivo goce los DDHH de las personas migrantes”, señaló.

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