La vivienda es un derecho fundamental y esencial para una vida digna. Sin embargo, muchas familias en Chile no pueden acceder a ella, lo que convierte esta situación en una crisis que necesita atención urgente. Si bien las políticas públicas son necesarias para abordar el déficit habitacional, la organización y movilización de los afectados son igualmente cruciales. En este contexto, los comités de vivienda desempeñan un papel vital al crear conciencia y visibilizar las problemáticas existentes.
En mi experiencia como trabajadora social en la comuna de Renca, he observado de cerca cómo estos comités de vivienda se forman y trabajan incansablemente. Según la Encuesta CASEN 2022, el déficit habitacional cuantitativo en Chile asciende a 552.046 viviendas, lo que equivale al 7.9% del total de hogares del país. Este déficit se compone de diversos factores: el 50% de los hogares que requieren nuevas viviendas son hogares allegados, el 18.5% de las viviendas necesitan ser mejoradas o ampliadas debido a condiciones inadecuadas, y muchas familias viven en condiciones de hacinamiento extremo (MINVU).
En Renca, específicamente, el déficit habitacional es notable. Según datos de CASEN 2015, la comuna tiene un déficit cualitativo de 7.597 viviendas, lo que representa un 24% del déficit comunal. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de las familias, sino también su salud personal y familiar, además del bienestar general de la comunidad.
La organización comunitaria a través de comités de vivienda ha demostrado ser un catalizador para el cambio. Estos comités no solo visibilizan la magnitud del problema, sino que también trabajan activamente en la búsqueda de soluciones colaborativas con diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales. La labor de los comités de vivienda en Renca y en otras comunas del país es un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede impulsar políticas efectivas y adaptadas a las necesidades locales.
Es evidente que, aunque el gobierno muestra preocupación por esta problemática, los datos subrayan la urgencia de implementar soluciones conjuntas y efectivas. Es imprescindible que todos los actores sociales, desde las autoridades locales hasta las organizaciones de la sociedad civil, colaboren para asegurar que cada familia chilena tenga acceso a una vivienda digna. La vivienda no debe ser solo un sueño, sino un derecho garantizado para todos.