A partir del 26 de abril, las empresas y pymes están obligadas a aplicar la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Esta medida se implementará de manera gradual, comenzando inicialmente con una jornada de 44 horas.
Para comprender mejor este cambio, es importante recordar que, en septiembre de 2001, el Congreso aprobó una reforma laboral que redujo la jornada de trabajo de 48 a 45 horas semanales. Esta modificación entró en vigencia en enero de 2005, marcando un hito histórico para el país en la protección de los derechos laborales y en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.
Sin embargo, en casi dos décadas, poco ha cambiado. Persisten las mismas artimañas que se utilizaban entonces, donde los empleadores buscan formas de minimizar el impacto de la ley en lugar de priorizar el bienestar de los trabajadores. Una muestra de esto es la propuesta recurrente de aumentar el tiempo destinado a la colación.
Además, se ha planteado la posibilidad de reducir la jornada en 12 minutos diarios, con sugerencias como descontar 5 minutos del horario de entrada y 7 minutos del horario de salida, lo cual resulta verdaderamente insólito e inaceptable.
Un buen ejemplo es el de los funcionarios públicos, cuya jornada ordinaria es de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, sin exceder las 9 horas diarias, con la posibilidad de salir una hora antes los viernes. Esta era la expectativa al entrar en vigor la ley: que la reducción se aplicara de una vez, proporcionando a los trabajadores una hora adicional para su vida personal. El espíritu de la ley busca mejorar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Esta ley se entrelaza con la Ley de Conciliación, que establece medidas de corresponsabilidad social que permitirán conciliar la vida laboral con la personal y familiar.
Es importante destacar el derecho de los trabajadores que son padres, madres o cuidadores de niños menores de 12 años de adecuar su jornada laboral dentro de ciertos márgenes horarios, es decir, podrán anticipar o retrasar hasta en una hora el comienzo de sus labores, lo que determinará también el horario de salida al final de la jornada. Esto permite una mejor conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares, ya que los padres y cuidadores podrán adaptar sus horarios a las necesidades escolares, por ejemplo.
En este contexto, es fundamental que las instituciones responsables de aplicar la ley respeten su espíritu y objetivo principal. Deben tener la capacidad de fiscalizar de manera efectiva y evitar alternativas como el aumento del tiempo de colación o una reducción mínima del tiempo de trabajo diario para cumplir con la ley. La verdadera medida del éxito de esta legislación radica en su impacto en la vida de los trabajadores y sus familias, permitiéndoles dedicar más tiempo a su vida personal y familiar.